Feminicidio: la cara oculta de la guerra contra las drogas

25-N Contra la violencia machista

Fuente: Amada Santos Sánchez

En esta entrevista, la abogada chilena Patsilí Toledo nos presenta sus perspectivas en torno a los feminicidios en América Latina, después de haber investigado sobre estos fenómenos durante algunos años. La abogada comparte con nosotros su visión sobre la actual política anti-drogas que, lejos de disminuir el conflicto que existe con el narcotráfico, contribuye a aumentarlo.


Alba Franco,  10 de diciembre de 2012

Patsilí Toledo nace en Chile en 1976. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y Doctorada en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis está dedicada a la investigación de la tipificación del feminicidio-femicidio en países latinoamericanos, haciendo investigación de campo en Costa Rica, Guatemala, Colombia y Chile.

Entrevista concedida en fecha 10 de octubre 2012 en el bar “La candela”, Barcelona.

P. ¿Podría explicarnos qué es feminicidio?

R. Es un término que viene del inglés femicide y ha sido especialmente desarrollado por antropólogas y sociólogas feministas. La primera que lo usó fue Diana E. H. Russell, en un artículo escrito junto a Jane Caputi: Femicide; Speaking the Unspeakable. Después Russell escribió junto con Jill Radford el libro Femicide. The politics of Woman Killing donde definieron femicide como un concepto muy amplio que engloba toda la violencia o discriminación contra la mujer, incluyendo toda una variedad de agresiones físicas y verbales que desembocan en la muerte. El desarrollo posterior que ha dado lugar a las palabras feminicidio o femicidio (los dos son aceptados) aluden principalmente a los ’asesinatos misóginos de mujeres cometidos por hombres’. La implantación de dichos conceptos así como su significado ha ido variando con el paso de los años. Durante mucho tiempo se ha distinguido, a nivel latinoamericano, entre feminicidio y femicidio por la impunidad de los asesinatos cometidos, siendo la impunidad algo que se ha incluido en el concepto de feminicidio y no en el de femicidio. Actualmente es un tema que está, más o menos, zanjado, porque se usa uno u otro casi indistintamente, aunque teóricamente durante mucho tiempo se distinguían por la existencia o no de impunidad.

P. Hablamos de 595 mujeres asesinadas en 2010 en el Estado de Chihuahua, México –donde está Ciudad Juárez. ¿Cuál es realmente la diferencia entre los crímenes cometidos en México y los cometidos aquí?

R. La primera y principal diferencia está en la magnitud de la violencia, que en los últimos años, en algunas regiones de México, ha aumentado de manera exorbitante.

Otra diferencia fundamental radica en la impunidad. En general, en España se investigan los homicidios de mujeres y se condena a los culpables. Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica –como México y Guatemala- hay graves problemas de investigación, y se señala que las tasas de impunidad son de más del 90%. Los índices de homicidios y feminicidios son tan elevados que, en algunos lugares, ni siquiera hay capacidad para investigar todos los casos.

Esto se agrava por la banalización de la violencia –ya sea física, económica o social- y la discriminación hacia las mujeres en diversos países que, en muchos casos, deriva en que los casos no se investiguen porque se “asume” que se trata de mujeres prostitutas o “de mala vida”. Es la misma razón por la cual no se investigaron los casos como el de “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres cuyas desapariciones no se habían investigado.

La violencia de género tal como se entiende en España es más limitada porque sólo contempla las agresiones que ejerce la pareja o ex pareja a la mujer. No obstante, la violencia de género como se entiende en América Latina y en los instrumentos internacionales de derechos humanos es cualquier violencia que se ejerce contra la mujer por motivos de género, con independencia de si dicha violencia es  obra de conocidos o desconocidos. Esto supone entender que no toda la violencia contra las mujeres es igual ni todos los feminicidios/femicidios son iguales. Y, evidentemente, al existir casos distintos, las medidas que se deben tomar para prevenir la violencia y los diversos tipos de femicidios/feminicidios son diferentes. En ese sentido, en general, es mucho más compleja la prevención de la violencia contra las mujeres que cometen hombres que son desconocidos para las víctimas.

P. ¿Cuáles son las verdaderas causas del feminicidio?

R. Los asesinatos de mujeres en los diversos países responden a una pluralidad de factores, y éstos también varían en los diversos contextos en que se presentan: no son iguales los asesinatos de mujeres en Argentina o España, que en Guatemala o México. Sin duda, la causa común a todos los casos y en todos los países, es la discriminación estructural de las mujeres, pero hay muchos factores adicionales específicos que afectan a determinados países o regiones.

Por ejemplo, si nos centramos en México, observamos que desde que el ex presidente Felipe Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico se ha producido un incremento exponencial de los homicidios en general y también de los homicidios de mujeres: en Chihuahua, durante el período del 2008 al 2010  se cometieron más homicidios de mujeres por año que los cometidos en toda una década (entre 1993 y 2002).

La discriminación estructural de las mujeres en nuestras sociedades otorga más fuerza y poder –familiar, económico, social y cultural- a los hombres. E históricamente ha sido avalado por las leyes, tanto en Europa como en Latinoamérica y el resto del mundo.

A esto también se suman componentes que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres en ciertos lugares. Por ejemplo, Ciudad Juárez es una ciudad industrial a la que llega gran cantidad de inmigrantes tanto de México como de países centroamericanos en busca de trabajo, sobre todo en las llamadas maquiladoras- fábricas sitas en la frontera con Estados Unidos (EE. UU.), con una alta presencia de mujeres en los puestos de trabajo. Muchas de las desapariciones y asesinatos de mujeres denunciados desde la década de 1990 tienen lugar en los alrededores de las plantas maquiladoras. Esto es interesante porque al parecer, a menudo las mujeres que se empoderan en los sistemas patriarcales están más expuestas al peligro por no seguir los cánones culturales y sociales dominantes, o por poner en cuestión la autoridad masculina. De modo que mujeres migrantes que llegan a vivir y a trabajar en Ciudad Juárez, así como mujeres que –en países como España o muchos otros- deciden poner fin a una relación de pareja que consideran abusiva,  corren mayor riesgo de ser víctimas de ser víctimas de violencia de género.

P. ¿Son las mujeres las principales víctimas del narcotráfico?

R. La mayoría de las víctimas de la violencia en general, y de la violencia vinculada al narcotráfico y la criminalidad organizada, son hombres. En las cifras globales, la mayor parte de los homicidios son cometidos por hombres contra hombres.

Sin embargo, los homicidios de mujeres en contextos de alta violencia relacionada con la criminalidad organizada o también en contexto de conflicto armado, tienen características particulares, tanto por su incremento como por la crueldad con que son cometidos.  Muchas veces, los homicidios de mujeres son utilizados como medio o bien como forma de amenaza hacia los hombres que son sus parejas o maridos, o también como parte de rituales de iniciación en grupos armados como ocurre con las “maras” en Centroamérica. En muchos casos, las mujeres son un instrumento de guerra dentro de la violencia que ejerce la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico. En todos esos casos se asesina a las mujeres por razones de género, porque es “propiedad del otro”, de aquél a quien se quiere hacer daño o amenazar. De la misma manera que en España, por ejemplo, un marido mata a su mujer porque “es suya” y no puede ser de otro, en algunos países de Latinoamérica se mata, en muchos casos, a la mujer porque “es de otro” al que se quiere enviar un mensaje o ajustar cuentas. Al considerar a la mujer como objeto de propiedad de los hombres, asesinatos de mujeres en contextos y países diferentes guardan cierto parecido.

P.  ¿Y por qué la muerte de las mujeres es especialmente cruel?

R. Los asesinatos son especialmente crueles porque la violencia contra las mujeres suele ser utilizada con fines simbólicos. Los actos crueles pueden ser una forma específica de “castigar” a mujeres que se considera que no cumplen con su papel tradicional. De ahí que en muchas ocasiones se las exponga de alguna manera, como ha ocurrido cuando las mujeres son abandonadas desnudas (situación que prácticamente no ocurre en los asesinatos de hombres) y con mensajes escritos en sus cuerpos. Es una violencia que se ejerce como castigo por una conducta que se considera “incorrecta” por parte de ellas (que puede ser desde su manera de vestir hasta haber dejado una relación con un hombre). También los narcotraficantes suelen utilizar la muerte de mujeres como venganza; de ahí que los asesinatos sean crueles. Para atacar o presionar a un hombre, violan, matan o torturan a sus mujeres, lo que de alguna manera pone en cuestión la masculinidad de aquél: no ha podido defender “lo suyo”. En otros casos es complicado de explicar tal crueldad, a menudo vinculada con el odio o con la intención de destruir lo que ella es y representa.

En el caso de las pandillas, el acto de crueldad tiene otro significado: genera unión entre todos aquellos que ejercen la misma violencia, es una forma de generar cohesión dentro de un grupo armado o criminal. A veces el crimen cometido contra mujeres es simplemente para entrar en una banda y demostrar valentía. Hay que tener en cuenta que en las pandillas y en los ejércitos ilegales existe una exageración de los estereotipos de género; con ello me refiero a que se exige de los hombres una masculinidad y una dominación, mientras que de las mujeres se exige que sean sumisas y dependientes; de ahí que se ensañen con los cuerpos de ellas.

P. ¿Existe un organismo a nivel de todos los Estados de la República de México encargado de prevenir, frenar y castigar la violencia contra las mujeres?

R. Como en todos los países,  las fiscalías y los organismos judiciales están para investigar los asesinatos y sancionarlos, más que para evitarlos ya que no son organismos que actúen en la prevención de delitos. Sin embargo, el sistema de justicia en México tiene unas tasas de impunidad muy elevadas, lo que quiere decir que no está funcionando. El problema está en que en muchos casos la propia corrupción del sistema –por la fuerte presencia del crimen organizado- hace imposible una verdadera justicia ya que, probablemente nadie seguiría investigando un asesinato si recibe amenazas de muerte.

Todos los Estados castigan los homicidios; pero cuando existen tasas elevadas de impunidad, significa que se castiga sobre papel, en la ley, pero no en la práctica. En el caso de Guatemala, por ejemplo, en los últimos años se están llevando a cabo más investigaciones para tratar de cambiar el sistema judicial aunque en un panorama bastante adverso debido a la prevalencia de altos índices de corrupción. Hay que ver si realmente aumentando la justicia se van a detener los asesinatos porque no necesariamente va a ser así. Existen varios elementos de fondo que tienen relación con la altísima violencia que existe actualmente en el país, y que tiene que ver, en último término, con cuestiones globales como la regulación del comercio de drogas.

P.  ¿Qué tiene que ver la regulación del comercio de drogas con el feminicidio?

R. El contexto de alta violencia que actualmente viven varios países latinoamericanos, especialmente en Centroamérica y México, produce inevitablemente el aumento de la violencia contra las mujeres, al igual que ocurre en los conflictos armados. Por ello,  organizaciones feministas latinoamericanas han comenzado a exigir la regulación del comercio de drogas como paso fundamental para comenzar a reducir la violencia extrema contra las mujeres y el feminicidio. También hay gobiernos latinoamericanos que promueven esta idea, como ocurre con los actuales gobiernos de Colombia, Bolivia y Guatemala, entre otros. Son intentos para abrir el debate a la regularización de las drogas; pero hasta ahora no se han conseguido avances. A muchos les conviene la ilegalidad; los narcotraficantes quieren la ilegalidad y los países receptores también. Además, el negocio de las drogas genera inevitablemente beneficios asociados con la exportación y venta de armas: el comercio de armas es el segundo negocio más rentable después del de las drogas, y es legal. Es legal vender armas, excepto venderlas a países que están en conflicto armado, por eso la situación de extrema violencia que se vive en ciertas regiones de México o Centroamérica nunca será calificada como conflicto armado. La grave situación que vivimos en la actualidad  sólo podrá cambiar en el momento en que se revise la actual política anti-drogas, pues mientras las drogas sigan sin legalizarse, seguirán favoreciéndose también otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y la trata de personas. Consecuentemente, seguirá la violencia que se manifiesta en el incremento de los feminicidios.

Sin embargo, hay señales esperanzadoras, como por ejemplo la recién legalización del comercio de marihuana en dos estados de Estados Unidos, que puede abrir la vía para el comienzo de la regulación del comercio de drogas, al igual que se hace con el tabaco y el alcohol.

En general, en Norteamérica y Europa se pierde la conexión con lo que ocurre en Latinoamérica y no hay que olvidar que lo que ocurre en México, Centroamérica y en el resto de países del continente está fuertemente relacionado con las políticas globales. También Europa debería mostrar su compromiso con los derechos humanos y abrir el debate sobre una posible legalización; sólo así se podrá detener el desproporcionado incremento de la violencia en algunas regiones latinoamericanas, y que está afectando desproporcionadamente a las mujeres.


Alba Franco es Licenciada en Periodismo por la Facultad de Comunicación Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull, y posee un Máster en Comunicación de Conflictos Sociales e Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona.

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